A partir del 1 de julio la mayor parte de los pensionistas pagarán un
10% de lo que cuesten sus medicamentos (con topes máximos según sus
rentas) y los trabajadores hasta un 50 ó 60% también según su renta, lo
que aumentará la aportación media del ciudadano hasta el 10,6%.
Esta aportación ciudadana 'sigue estando por debajo de la media europea,
que está en torno a un 16,5%', algo 'entendible' cuando hay países como
Bélgica donde hay trabajadores activos que pagan hasta el 85% por sus
medicinas.
Los pensionistas españoles, que desde los años sesenta jamás han pagado
por sus fármacos, asumirán ahora el 10% del coste, hasta un límite de 8,
18 y 60 euros al mes. Estos tres máximos dependerán de los ingresos del
paciente: 8 euros al mes para las rentas inferiores a 18.000 euros, lo
que afecta al 85% de los pensionistas andaluces; 18 euros al mes para
quienes ingresen entre 18.000 y 100.000 euros y un tope de 60 euros para
las rentas superiores a 100.000 euros. Quedan exentos de pago los que
cobren una pensión no contributiva.
En Andalucía los pensionistas no tendrán que adelantar el pago de sus
medicamentos. A la tarjeta sanitaria se le ha incorporado una especie de
"cuenta corriente", que irá contabilizando el gasto de cada fármaco y
dejará de sumar cuando haya alcanzado el límite. A partir de ahí el
pensionista seguirá adquiriendo sus medicamentos de forma gratuita.
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