Una sociedad y unas administraciones que dan la espalda a las personas excluidas no son dignas del tiempo que nos tocó vivir
Día tras día, durante todo este año, ha sido inevitable escuchar en los medios de comunicación cómo nuestra economía se encuentra en crisis. Primero fueron las empresas constructoras y las inmobiliarias, después las entidades financieras, la industria automovilística, la agricultura y la ganadería, el pequeño comercio…
La tradicionalmente alta tasa de desempleo existente en Andalucía ha ido creciendo hasta llegar a las 994.400 personas paradas (25,64%), según la última Encuesta de Población Activa. Difícil ha sido encontrar una familia en la que ninguno de sus miembros no haya perdido el trabajo por cuenta ajena o haya tenido que cerrar su pequeño negocio.
En este año 2009 nadie cuestiona la crisis. A casi todos nos ha llegado de alguna manera. Pero antes de la crisis había en Andalucía 440.000 personas excluidas, que no se benefician de las épocas de bonanzas pero que les afectan los recortes presupuestarios y la paralización, y van ya 10 años, de la necesaria Ley de Inclusión para Andalucía.
La Andalucía Invisible, la que no interesa a las Administraciones, las casi 7.000 personas, según Cáritas, que no tienen un hogar donde vivir y tienen que dormir en la calle. Con comedores sociales que, según Cáritas, no dan abasto y con falta de recursos y presupuesto para las necesidades reales de la ciudadanía que la demanda. Actualmente no solo acuden personas con problemas de drogadicción o enfermedad metal, sino muchas otras que hasta hace tan solo un año, veía ese mundo lejano y distante.
La Andalucía Invisible de las personas que viven en barrios marginales, abandonados por las distintas Administraciones, que nunca progresaron en las épocas de bonanza económica pero que se explican desde los desarrollos desiguales en los Planes Generales de Ordenación Urbana de las grandes ciudades: zonas con todos los medios y otras donde la impunidad y la ley de la selva son el pan nuestro de cada día. Tráfico de armas y de drogas consentido para barrios estigmatizados en los que mucha gente vive en ellos porque no tienen posibilidades económicas de salir o porque intenta resistir gracias a su compromiso firme y su espíritu de lucha que le lleva a trabajar por unos barrios y unas ciudades humanas y habitables para todas las personas.
La Andalucía Invisible de los asentamientos chabolistas tradicionales en lo que malviven, rodeados de basura y ratas, cientos de familias andaluzas, y el fracasado Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo en Andalucía (1997) como muestra el último Informe sobre Chabolismo en Andalucía del Defensor del Pueblo. Los nuevos chabolismos de los que habla el citado informe y que ahí siguen para quienes quieran visitarlos y ver la continúa dejación de las personas que nos gobiernan. La constante ausencia de medidas sociales que incidan en las causas de la exclusión. La vergüenza de un fenómeno difícil de explicar: el que a pesar de los recursos económicos que desde siempre ha dispuesto la administración pública haya sido incapaz de erradicar el chabolismo y que hasta hoy la mayoría de los asentamientos de chabolas que se han eliminado ha sido porque estaban ubicados en un espacio atractivo para la especulación urbanística, que a cambio de dinero y sin ninguna política social llevada a cabo, han desplazado a las personas chabolistas a otras zonas de la ciudad ya de por sí deprimidas, generando guetos y zonas de gran exclusión social.
La Andalucía Invisible de las personas presas y sus familiares. Cárceles que no son aptas para la reinserción de las personas sino espacios para apartar y hacinar a muchas ciudadanos excluidos, de sus familias y de la sociedad. La media de reclusos en las instituciones penitenciarias es del 170%, en Andalucía es del 188% y la señal inequívoca del fracaso es el casi 70% de reincidencia delictiva. La gran mayoría de ellos provienen de barriadas y ambientes de marginación. Especialmente destacable es el abandono que sufren las personas enfermas: el 80% es drogodependiente, el 10% padecen VIH, el 33% Hepatitis (en la población española la tasa es del 2%), y el 5% Tuberculosis, la asistencia es tremendamente deficitaria como hemos denunciado en varios de nuestros informes sobre sanidad en prisión. Especialmente escandalosa es la situación que sufren las personas con enfermedad mental (el 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave y el 40% tiene trastornos mentales y de personalidad), sin tratamientos especializados y sin recursos socio-sanitarios. A pesar de todos ello, existe una tendencia cada vez mayor del uso de la pena privativa de libertad como recurso preferente de solucionar los conflictos sociales. Sin embrago, no tiene otra función real que la de arrinconar y acallar el fracaso del sistema usando nuevo guetos de marginalidad y ostracismo.
Fuente: Revista de La Calorina
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